Por: Miguel Barrios.

El exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se pronunció sobre la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia a 21 años de cárcel por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar en 2015.

A través de un comunicado, señaló que los fundamentos para su condena se basaron en una confusión técnica, considerando que en su caso se ha configurado una injusticia, aunque se mostró respetuoso de las decisiones judiciales.

“He respetado siempre, y seguiré respetando, las decisiones judiciales. Pero no puedo guardar silencio cuando una condena se edifica sobre una confusión técnica que termina por convertirse en una injusticia”, puntualizó Monsalvo.

Argumentó en su defensa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una proyección que solo puede evaluarse con el dato real.  “El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no es un resultado, sino una proyección ex ante, que solo puede evaluarse a la luz del dato real ex post. Y en el año 2015 ese dato fue notoriamente superior al estimado utilizado, lo que demuestra que no existió sobrecosto alguno, sino una planeación prudente que incluso quedó por debajo del comportamiento real de los precios”, precisó.

Sostuvo que gravámenes como el impuesto de industria y comercio (ICA) y las estampillas “no serían márgenes discrecionales, sino obligaciones legales”, advirtiendo que excluirlos del análisis “afectaría el equilibrio del contrato y desconocería el marco normativo”. Afirmó que su pronunciamiento no pretende evadir responsabilidades, sino poner sobre la mesa que, a su juicio, un “error de interpretación económica” no debería convertirse en fundamento de una condena penal.

Señaló que “confío en que estos aspectos, estrictamente económicos y contables, sean examinados con la profundidad y el rigor que la justicia exige, en los escenarios institucionales llamados a corregir lo que hoy constituye una grave distorsión de la realidad”.