La noticia que registraron los medios sobre una captura en flagrancia de un reconocido abogado y dos sujetos más, cuando recibían un paquete con cerca de 70 millones de pesos que, al parecer, le habrían exigido al alcalde de La Jagua de Ibirico Leonardo Hernández Cataño, para detener unas denuncias en su contra, se convirtió en tema de análisis para los medios de comunicación, sobre el papel de la vigilancia y el control social a la inversión pública en el departamento.

Este hecho puso sobre el tapete el papel de algunas veedurías ciudadanas, medios de comunicación y periodistas que, al parecer, utilizan la misma práctica, es decir, se convierten en sujetos activos en la vigilancia de la contratación pública pero que finalmente terminan negociando su silencio con los mandatarios seccionales.

Aquí debe primar la objetividad en el análisis y difusión de estos hechos que ponen en entredicho la función social de la ciudadanía en materia de vigilancia, porque al final, terminan estigmatizando el trabajo juicioso que algunos ciudadanos hacen en defensa de los recursos públicos.

La veeduría ciudadana está con templada en la norma, la Ley 850 de 2003, esta ley estatutaria define las veedurías como mecanismos democráticos de representación que permiten a ciudadanos y organizaciones vigilar la gestión pública, incluyendo la contratación estatal y la prestación de servicios, con el objetivo de prevenir la corrupción. Pero es lamentable que ese control social se traslape a lo que en si debe prevenir y se convierta en un mecanismo perverso para sacar recursos de las administraciones públicas.

La Ley 1757 de 2015 también regula los mecanismos de participación ciudadana y complementa el marco de las veedurías, enfatizando el derecho y deber de vigilancia de los ciudadanos. En este sentido se puede inferir, que “hecha la ley hecha la trampa”, puesto que son medidas de control que finalmente se convierten en medidas de coerción que terminan afectando el normal y transparente ejerecicio de la función pública.

Finalmente, creemos que deben ser los funcionarios públicos los que estan en la condición de ponerle “tatequieto” a este sistema corrupto que se ha impuesto en los sectores ya mencionados, es decir, aplicar las acciones pertinentes antes las autoridades competentes para detener el accionar delictivos de quienes usan ese modus operandis para obtener dinero y vivir sabroso.

Buena esa, señor alcalde de la Jagua de Ibirico, es necesario detener a quienes usan mecanismos extorsivos y se aprovechan de la opinión pública para hacerse a grandes sumas de dinero, ademas de entorpecer la labor administrativa de quienes tienen la tarea de regir el destino administrativo de los municipios.

En la otra linea tambien se debe operar de igual forma con funcionarios judiciales y miembros de las “ías” (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) que tambien se pegan de los errores administrativos y en vez de proceder a ayudar a subsanarlos, lo que hacen es exigir cuotas económicas para guardar silencio o desaparecer esos hallazgos. Es menester actuar con transparencia y honestidad para que la función pública recupere la confianza ante la ciudadanía.

¡Amanecerá y Veremos!