Considerando fallas de planeación, el uso de vigencias futuras que comprometen el presupuesto de Valledupar, y que el proyecto no hace parte de las estrategias del Plan de Desarrollo Municipal, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó suspender de manera provisional la financiación de la concesión Ciudad Verde, aprobada mediante el Acuerdo 010 de 2025, por un valor de $234 mil millones, y una operación a 16 años.

El organismo ordenó suspender las vigencias futuras de los ingresos corrientes de libre destinación y de la tasa ambiental, que se constituyen en la principal fuente de financiación de dicha concesión, que ha sido cuestionada incluso por los mismos ambientalistas de la ciudad y otros sectores, considerándola onerosa para un municipio que se encuentra en Ley 550 o Ley de Quiebra.

Ciudad Verde arrancó su ejecución este año, enfrentando una demanda de nulidad contra el Acuerdo Municipal que le dio origen, la cual fue admitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar.

Ricardo Vives, exconcejal de Valledupar, presentó dicha demanda argumentando que tanto la administración municipal como el Concejo de Valledupar cometieron irregularidades en la elaboración, análisis y aprobación del proyecto de acuerdo, comprometiendo vigencias futuras excepcionales.

El pago al concesionario se haría con $195.815 millones provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación, y $38.209 millones por concepto del 1% de la tasa ambiental, para un total superior a $234.000 millones, en un periodo de 16 años. Estos recursos estarían destinados a la intervención del arbolado urbano y la protección de ecosistemas estratégicos, como el río Guatapurí y parte del río Cesar.

ADVIERTEN A ORGANISMOS DE CONTROL

El consultor ambiental Wilson Pérez Ascanio, vocero del Foro Ambiental del Cesar, advirtió a la Personería, Contraloría y Procuraduría, sobre observaciones y propuestas que realizó esta organización en un documento de 20 folios frente al proyecto, indicando que la administración municipal ha encontrado en las concesiones un mecanismo propicio, sin tener en cuenta otros métodos de participación ciudadana,

El documento alerta sobre vacíos en la formulación, la falta de socialización previa, la debilidad en la definición operativa y el riesgo de delegar funciones propias de la autoridad ambiental a un privado, lo que equivaldría a privatizar el medio ambiente.

Cuestionó que el proyecto se dio sin un debate crítico y constructivo. “Tenemos varias observaciones, la primera y la más importante para la sociedad civil, no se cumplió con la participación y la socialización previa, hay debilidades en la formulación del proyecto, tiene fallas estructurales, un criterio de cosas que no están articuladas”.

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y el gerente de la concesión, Odacir Camargo, realizaron la socialización del programa, asegurando que se trata de una apuesta de ciudad, en una alianza público-privada para recuperar y mantener el arbolado urbano, las zonas verdes y los ecosistemas estratégicos como humedales y la cuenca del río Guatapurí

“Valledupar tiene una apuesta de ciudad y la apuesta de ciudad es su arbolado urbano, sus ecosistemas estratégicos y, por supuesto, el río Guatapurí”, señaló el alcalde Ernesto Orozco

Frente a la escogencia de una concesión, y no otro mecanismo, el alcalde Orozco precisó que “nosotros escogimos la que más polémica causa, pero la que creímos que era el vehículo, porque una empresa de economía mixta, u otro estilo, necesitaba crear impuestos, participación de un privado”. Afirmó que esta concesión a 16 años está limitada por el marco fiscal del municipio bajo la Ley 550.