Por Miguel Barrios

Enfrentando una demanda de nulidad contra el Acuerdo Municipal  que le dio origen, y en medio de cuestionamientos de ambientalistas, inició operación en Valledupar, la concesión Ciudad Verde, con una durabilidad de 16 años y una ejecución superior a los $234.000 millones, recursos que saldrán de los ingresos corrientes de libre destinación del Municipio y de la tasa ambiental.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar admitió la demanda en contra de esta iniciativa formalizada por el Concejo local mediante Acuerdo 011 del 15 de agosto de 2025, a través del cual se le otorgó facultades al alcalde Ernesto Orozco para crear dicha concesión, que para algunos es supremamente costosa en un municipio que se encuentra en Ley de Quiebra.

Ricardo Vives, exconcejal de Valledupar, presentó dicha demanda argumentando que tanto la administración municipal como el Concejo de Valledupar cometieron irregularidades en la elaboración, análisis y aprobación del proyecto de acuerdo, comprometiendo vigencias futuras excepcionales.

El pago al concesionario se hará con $195.815 millones provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación, y $38.209 millones por concepto del 1% de la tasa ambiental, para un total superior a $234.000 millones, en un periodo de 16 años. Estos recursos estarán destinados a la intervención del arbolado urbano y la protección de ecosistemas estratégicos, como el río Guatapurí y parte del río Cesar.

ADVIERTEN A ORGANISMOS DE CONTROL

El consultor ambiental Wilson Pérez Ascanio, vocero del Foro Ambiental del Cesar, advirtió a la Personería, Contraloría y Procuraduría, sobre observaciones y propuestas que realizó esta organización en un documento de 20 folios frente al proyecto, indicando que la administración municipal ha encontrado en las concesiones un mecanismo propicio, sin tener en cuenta otros métodos de participación ciudadana,

El documento alerta sobre vacíos en la formulación, la falta de socialización previa, la debilidad en la definición operativa y el riesgo de delegar funciones propias de la autoridad ambiental a un privado, lo que equivaldría a privatizar el medio ambiente.

Cuestionó que el proyecto se dio sin un debate crítico y constructivo. “Tenemos varias observaciones, la primera y la más importante para la sociedad civil, no se cumplió con la participación y la socialización previa, hay debilidades en la formulación del proyecto, tiene fallas estructurales, un criterio de cosas que no están articuladas”.

SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Este lunes, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y el gerente de la concesión, Odacir Camargo, realizaron la socialización del programa, asegurando que se trata de una apuesta de ciudad, en una alianza público-privada para recuperar y mantener el arbolado urbano, las zonas verdes y los ecosistemas estratégicos como humedales y la cuenca del río Guatapurí.

“Valledupar tiene una apuesta de ciudad y la apuesta de ciudad es su arbolado urbano, sus ecosistemas estratégicos y, por supuesto, el río Guatapurí”, señaló el alcalde Ernesto Orozco

Por su parte Odacir Camargo, Indicó que “ya empezamos a realizar el censo del inventario forestal urbano, que nos está permitiendo conocer la realidad del arbolado de la ciudad”. Destacó que en ,la primera semana de operación se han erradicado árboles que estaban en riesgo. 

El alcalde Ernesto Orozco ha defendido la concesión, señalando que “no estamos privatizando absolutamente el tema ambiental, lo que estamos es organizando el gasto y la inversión”

Frente a la escogencia de una concesión, y no otro mecanismo, precisó que “nosotros escogimos la que más polémica causa, pero la que creímos que era el vehículo, porque una empresa de economía mixta, u otro estilo, necesitaba crear impuestos, participación de un privado”. Afirmó que esta concesión a 16 años está limitada por el marco fiscal del municipio bajo la Ley 550.